La tentación de prohibir suele aparecer cuando el problema es complejo. Y pocas cosas hoy lo son tanto como la relación entre adolescentes, redes sociales, algoritmos y salud mental. El anuncio del Gobierno de España de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años vuelve a colocar sobre la mesa la pregunta: ¿estamos ante una solución real o ante un atajo? Mientras esperamos a ver la propuesta definitiva, nos gustaría aportar algunos puntos de reflexión.
La medida sitúa a España en la estela de países como Australia o Francia. No es un gesto aislado ni improvisado en el contexto internacional. Sin embargo, que una decisión sea compartida no la convierte automáticamente en acertada. Mucho menos cuando el debate se apoya en una mezcla desigual de preocupación social legítima, evidencia científica todavía frágil y una enorme dificultad técnica para ejecutar lo que se promete.
Uno de los grandes nudos del asunto está en cómo se aplicaría esa prohibición. Porque hemos de recordar que las redes sociales ya están prohibidas para menores de 14 años, y todos sabemos cómo ha funcionado esto… Por cierto, ¿saben las familias que su hijo de 10 años no puede abrir una cuenta en TikTok o Instagram ni con permiso ni sin permiso?
La abogada y experta en identidad digital Paloma Llaneza explica que verificar la edad sin destruir la privacidad es posible, pero no sencillo ni barato. Tarjetas de crédito, reconocimiento facial o escaneo del DNI abren riesgos de seguridad y soberanía digital. Incluso soluciones más avanzadas, como la Cartera Europea de Identidad Digital y las pruebas de conocimiento cero, exigen una arquitectura técnica robusta y consensuada que todavía no está plenamente desplegada.
Es decir, antes de preguntarnos si los 16 años son la edad correcta, deberíamos preguntarnos si el sistema que pretende hacer cumplir esa edad está preparado para no generar un problema mayor que el que intenta resolver. Y la respuesta es que actualmente no hay sistema infalible que lo garantice sin que suponga una pérdida del derecho a la privacidad.
A esto se suma la evidencia científica. El catedrático José César Perales recuerda que la relación entre redes sociales y salud mental adolescente está lejos de ser concluyente. Los estudios existentes son, en su mayoría, correlacionales y muestran efectos modestos, muy inferiores a otros factores como la presión académica o el contexto socioeconómico. Prohibir con un respaldo científico débil puede tranquilizar a la opinión pública, pero no garantiza un impacto real.
Donde sí parece haber mayor consenso es en que el problema no es solo quién accede, sino a qué accede y cómo. El diseño de las plataformas —scroll infinito, refuerzos intermitentes, opacidad algorítmica— juega un papel central. Regular el diseño, aumentar la transparencia de los algoritmos y limitar mecánicas adictivas podría resultar mucho más eficaz que una prohibición basada únicamente en la edad. En este sentido, la comparación con las políticas antitabaco no es casual: reducir el atractivo ha demostrado ser tan importante como limitar el acceso.
Un caso paradigmático es el de Roblox, una de las plataformas de juego y socialización digital más populares entre niños y adolescentes. Aunque muchos padres la ven como un simple “videojuego”, su función social es tan intensa que expertos la describen como una red social encubierta: permite chats, interacciones en línea y encuentros entre usuarios que muchas veces no son supervisados ni comprendidos por las familias. Las alertas de organizaciones médicas y pediátricas señalan que la comunicación entre desconocidos, la exposición a contenido no moderado y riesgos como ciberacoso o grooming son reales y documentados. Asimismo, investigaciones internacionales han resaltado preocupaciones sobre la seguridad infantil en Roblox y la necesidad urgente de medidas protectoras más efectivas.
Esto implica que la discusión sobre redes no puede limitarse a nombres como Instagram, TikTok o X: plataformas como Roblox operan en una zona gris donde la socialización, el juego y la interacción sin filtros se mezclan, lo que hace aún más difícil legislar con criterios puramente etarios. Y ¿qué ocurre con Telegram y WhasApp, que actualmente se encuentran fuera de la lista? ¿No suponen también algunos grupos de estas dos redes sociales una influencia negativa y adictiva a los menores y mayores de edad?
La profesora María del Mar Sánchez Vera introduce otro matiz: la regulación sin educación es insuficiente. La experiencia australiana muestra que los jóvenes encuentran rápidamente vías para sortear las prohibiciones (VPN, suplantaciones, uso de IA) y que una desconexión brusca puede empujar a algunos adolescentes hacia espacios digitales menos regulados y más peligrosos.
Por eso conviene introducir una idea que rara vez acompaña a los grandes anuncios: aún es pronto para sacar conclusiones y hay que esperar. No conocemos el texto normativo, no sabemos cómo se articulará la verificación de edad, ni qué garantías reales se exigirán a las plataformas. Tampoco sabemos cómo se evaluarán los efectos de la medida ni en qué plazos.
La prudencia es una condición mínima cuando se legisla sobre sistemas complejos y generaciones enteras. El principio de precaución que se utiliza en ciencia se podría aplicar en este caso.
Prohibir puede ser políticamente rentable. Educar es más lento, menos vistoso y exige coherencia a largo plazo. Pero si algo nos dice la literatura científica y la experiencia internacional es que las soluciones simples no funcionan para problemas complejos. Regular plataformas, exigir responsabilidades reales, acompañar a familias y centros educativos y enseñar a convivir con la tecnología parece menos épico que un titular, pero mucho más transformador. Un buen plan de divulgación, formación y educación sería probablemente más efectivo y realista, aunque más lento y menos mediático, claro. También un mayor nivel de exigencia al funcionamiento de estas plataformas para que limiten publicaciones y comportamientos que resultan claramente dañinos para los menores.
Eso sí, como afirma Enrique Dans, la idea de exigir responsabilidad penal a los ejecutivos no es ninguna barbaridad. Durante años, estas empresas han tratado las multas como un coste asumible del negocio, mientras seguían generando beneficios multimillonarios. Cuando la infracción sistemática deja de tener consecuencias personales para quienes toman las decisiones, el incentivo a cumplir desaparece. Si la única forma de garantizar el respeto a la legislación es que los directivos respondan penalmente por ello, entonces ese es el camino que hay que recorrer.
Porque el debate no va solo de redes sociales. Va de cómo preparamos a niños y adolescentes para vivir en un entorno digital que no va a desaparecer, sino que se está convirtiendo en el centro de la vida social para muchos de ellos, para muchos de nosotros, y evidentemente va a crecer en magnitud.
La solución: educación. Con mayúscula. Y tilde en la «o».
Guillermo Antón Pardo
Febrero de 2026
Materiales creados con NotebookLM
